Santiago Andrade Ubidia 

(Quito, 1940) es Licenciado en Ciencias Públicas y Sociales (1962) y Doctor en Jurisprudencia y Abogado (1975) por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Es Especialista Superior (2008) y Magíster (2016) en Docencia Universitaria por la Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador, en la cual fue profesor principal y vicerrector. Ha sido docente universitario de varias universidades de pregrado y posgrado del país.

El doctor Andrade ha desempeñado numerosas funciones en el ámbito público y privado. Fue Ministro Interino (entre octubre de 1995 y octubre de 1996) y Magistrado de la Primera Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte Suprema de Justicia (entre octubre de 1997 y diciembre de 2004). De esta Sala se dice —con toda razón— que contribuyó definitivamente en Ecuador a la construcción de una verdadera doctrina sobre la casación y el derecho civil y mercantil en general.

También fue Coordinador General del Comité Asesor de la Superintendencia de Bancos (1981-1984) y Director del Departamento Jurídico de Compañías de Responsabilidad Limitada de la Superintendencia de Compañías (1989-1990).

Ha participado en importantes iniciativas y proyectos de reforma a la normativa procesal y procesal orgánica sea como magistrado de la Corte Suprema de Justicia o como miembro del Instituto Ecuatoriano de Derecho Procesal en conjunto con otras instituciones; entre otros, en el Proyecto de la Ley Orgánica del Consejo de la Judicatura (1998), el Proyecto de Ley Orgánica de la Función Judicial (2001); el Anteproyecto de Ley Orgánica de la Función Judicial (2002-2003), el Proyecto de Nuevo Código de Procedimiento Civil (2008), y el Anteproyecto de Código Orgánico de la Función Judicial (2008). Fue miembro de la Comisión de Juristas del CONESUP que elaboró el proyecto de nueva Constitución Política de la República (2008).

Su obra La casación civil en el Ecuador (Quito, 2006) fue ganadora del Premio José María Velasco Ibarra en Ciencias del Derecho Público, otorgado por el Concejo del Distrito Metropolitano de Quito. En los años 2012 y 2013, recibió la Condecoración Antonio J. Quevedo al Mérito Jurídico, otorgado por la Cámara de Comercio de Quito, en reconocimiento a su trayectoria como jurista y como mejor árbitro del Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara (2012 y 2013).

Vanesa Aguirre Guzmán

 (Quito, 1977) es Licenciada en Ciencias Jurídicas y Abogada por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Es Especialista Superior en Derecho Procesal y en Docencia Universitaria por la Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador, donde dirigió los programas de Especialización y Maestría en Derecho Procesal del Área de Derecho desde 2009 hasta 2015.  

 Obtuvo su doctorado en Derecho en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla (Departamento de Derecho Público). Su tesis doctoral, calificada sobresaliente cum laude por unanimidad, fue publicada posteriormente con el título Tutela jurisdiccional del crédito en Ecuador por Ediciones Legales y la UASB, y obtuvo la “Mención de honor” del premio “José María Velasco Ibarra” a la mejor obra en Derecho Público” otorgada por el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito (2013).   Es autora de varios artículos en revistas jurídicas especializadas e indexadas que analizan diversas problemáticas del Derecho Procesal. Ha sido invitada en numerosas ocasiones a impartir seminarios para instituciones públicas y privadas, así como cursos de postgrado y pregrado en varias universidades del país.   

Desde marzo de 2015, se desempeña como árbitra del Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Quito, cargo que ocupa por concurso de méritos y oposición.   

Fue asistente (1998-2006) y asesora jurídica (2006-2009) de la Primera Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte Suprema de Justicia).   

Vanesa Aguirre ha participado en importantes proyectos de reforma a la normativa procesal y procesal-orgánica del Ecuador. Integró el equipo redactor del Proyecto de Código Orgánico de la Función Judicial, puesto a consideración del Ministerio de Justicia  Derechos Humanos (2008-2009); fue consultora contratada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para la elaboración del Proyecto de nuevo Código de Procedimiento Civil (2008-2009), y coordinadora del Proyecto “Nuevo Código de Procedimiento Civil” (2007) elaborado por el Instituto Ecuatoriano de Derecho Procesal a través de una comisión redactora, de la cual fue integrante, por encargo de Projusticia.   Es miembro fundador del Instituto Ecuatoriano de Derecho Procesal, y actualmente su presidenta.  

Integró la Comisión Calificadora de la Corte Constitucional (octubre 2018-febrero 2019).